En Rialto, una pequeña ciudad en las afueras de Los Ángeles, el departamento de policía equipó a sus 70 oficiales uniformados con cámaras corporales, teorizando que el uso de las cámaras reduciría las quejas y demandas, y por ende los acuerdos y pagos costosos.
La introducción de cámaras corporales como equipamiento estándar en 2012 condujo a una reducción del 88% en las quejas públicas contra los agentes y a una disminución del 60% en el uso de la fuerza por parte de los agentes. Ha sido necesario negar que estas cámaras son beneficiosas. Las personas actúan de manera diferente cuando saben que las están grabando y es mucho menos probable que los altercados se salgan de control.
Mostrar las interacciones de los ciudadanos desde la perspectiva de los agentes a la comunidad en general ha dado como resultado una tasa reducida de denuncias públicas y un aumento de los procesos judiciales por violencia doméstica. Las cámaras corporales son un elemento positivo para la aplicación de la ley.
